Efectividad de las alianzas; problemas al gobernar

En últimas fechas se ha exacerbado la efectividad que las grandes alianzas electorales han provocado en prácticamente todos los Estados donde los grandes bloques opositores se han puesto de acuerdo para hacer frente a los cacicazgos locales, representados por las funciones omnipotentes de quienes despachan en su calidad de mandatarios estatales.

Así, las alianzas se han vuelto el remedio frente a las maquinarias electorales estatales quienes movilizan una serie de recursos económicos, humanos y contrarios a las leyes con la finalidad de inclinar la balanza a favor de su causa, sin importar las consecuencias que dichas fusiones contranaturales produzcan a la hora de tomar las riendas de una Entidad determinada.

Y es que si bien es cierto, las coaliciones electorales ya sea formales o de facto sirvieron para que el PAN-PRD se hiciera de estados como Puebla, Oaxaca, Baja California Sur, Sinaloa; entre otros, también es cierto que las diferencias políticas, sociales e ideológicas que convergen al interior de cada una de las instituciones partidistas en ellas representadas se polarizan no en el momento de combatir frente al partido en el poder, sino por el contrario, se materializan a la hora de tomar las decisiones una vez encumbrados en el mismo.

Tal es el caso de lo ocurrido recientemente en el cercano estado de Oaxaca donde dos de los grupos que impulsaron el arribo de Gabino Cué a la gubernatura de dicho Estado, se enfrentaron arduamente por algunos días. Miembros integrantes de la APPO, cuyo interlocutor es diputado del Partido del Trabajo y maestros disidentes del sindicato reconocidos por su filiación perredista, exigieron la renuncia de la secretaria de Gobierno, Irma Piñeiro perteneciente al Partido magisterial Nueva Alianza.

Lo curioso es que los inconformes y aquellos de los que reclaman su remoción; todos juntos, apoyaron la victoria del gobernador oaxaqueño, con el fin de dar término a un régimen autoritario y de tipo virreinal como lo fue el sexenio de Ulises Ruiz. Si bien es cierto juntos lograron terminar los excesos del mandato del anterior gobernador, también que conforme avanzan los días de la nueva administración más difícil resulta gobernar, derivado principalmente de los intereses encontrados y del hecho de que todos aquellos que impulsaron el proyecto de Gabino Cué no han logrado alcanzar alguna posición dentro de las instituciones estatales; de ahí su molestia y enfado.

Pudiera pensarse que tal efecto de alianzas efectivas, gobiernos ineficaces, sólo es aplicable a los bloques de oposición PAN-PRD y que se trata de un aliciente para que sean cuestionadas las llamadas “alianzas impuras” y con ello allanar el regreso a los Pinos del PRI encabezados por Peña Nieto. Aunque lo cierto es que debemos analizar lo que se vive en nuestro Estado de Tlaxcala, donde al parecer el nuevo gobierno priista se ha encontrado con más sorpresas de las que se vislumbraron durante todo el lapso que duró la transición gubernamental.

Así tenemos ya una serie de enfrentamientos tanto internos como externos entre aquellas fuerzas políticas, grupos sociales y líderes sectoriales que de facto, brindaron su apoyo al apizaquense, quienes no ven recompensado su sacrificio y compromiso para devolver las riendas tlaxcaltecas al Revolucionario Institucional.

Lo anterior se explica, principalmente, ya que el sistema político mexicano y sus distintos subsistemas locales están diseñados con la base del principio de “suma cero”, que no es más que quien obtenga la victoria en las elecciones, lo gana todo. Sin embargo las nuevas realidades políticas y plurales tanto en los Estados como en la nación han modificado las reglas del juego político.

Frente a tales acontecimientos resulta necesario que se replantee la modificación de las prácticas y normas que dan forma al sistema y subsistemas políticos mexicanos con la finalidad de que las alianzas no sean simplemente electorales, sino que además y como en la mayoría de las democracias más consolidadas, las mismas obliguen a aquellos que sumados obtengan la victoria a permanecer juntos durante la difícil tarea de gobernar.

Lo anterior permitirá que los procesos electorales no se limite a la decisión entre elegir a uno o a otro, sino que verdaderamente cumplan su objetivo de permitir a los ciudadanos comparar y equiparar los distintos planes de gobierno que los candidatos ofrezcan inclinándose por aquellos que ellos consideren sean los más cercanos a satisfacerles de mejor manera sus necesidades.

En ese sentido urge que se analicen y valoren las reglas para gobernar, de lo contrario, en la medida en que las alianzas electorales se conviertan en la única fórmula para hacer frente a las elecciones los problemas de gobernabilidad se incrementaran y provocaran conflictos sociales cuyo final podrá ser nocivo para toda la sociedad. Al tiempo.

La impartición de justicia en Tlaxcala

Dentro de los indicadores para medir el desarrollo de una sociedad y en particular de un régimen político como lo es el democrático, la aplicación y la impartición de justicia juegan un papel preponderante. El Estado de Derecho, entendido como la preeminencia de la aplicación de la ley por encima de cualquier otra acción o interés, forma parte de uno de los cinco valores que se toman en consideración a la hora de hablar de la calidad de la democracia.

La preeminencia del Estado de Derecho es una condición primaria de los estados democráticos que a su vez permite dotar de certeza jurídica a todos los habitantes del mismo, y que da como resultado la generación de confianza entre los pobladores, toda vez que se conoce por todos las reglas del juego y las sanciones efectivas por el quebranto de las mismas.

De lo anterior se desprende no solo garantizar la seguridad a la colectividad, sino además aumentar los índices de competitividad; que de acuerdo, a lo señalado por el actual gobernador tlaxcalteca, son una de las prioridades del nuevo sexenio priista.

Así debemos preguntarnos ¿Qué tanto influye la eficiencia del sistema judicial para el desarrollo de una Entidad? La respuesta es simple, entre mayor certeza jurídica dentro de un territorio mayor capacidad para generar crecimiento y desarrollo económicos.

Y es que parece que el engrandecimiento y la mejora del Poder Judicial en Tlaxcala es una cuestión que si bien importante no resulta prioritaria. Al menos así se pudo percibir por parte del titular del Ejecutivo Local, quien a pesar de también ser víctima de las deficiencias judiciales en Tlaxcala señaló que nuestro Estado tiene otras muchas carencias más importantes que la de eficientar la impartición de justicia local.

De acuerdo al estudio realizado por el Banco Mundial en 2009 sobre la facilidad para abrir empresas en México, denominado “Doing Business in Mexico 2009” nuestra Entidad ocupa los últimos lugares, concretamente se encuentra ubicada en el número 23.

Cuando el estudio se refiere a la certeza que existe en Tlaxcala para cumplir contratos, lamentablemente nuestra Entidad se ubica en la penúltima posición. Es decir, de los 32 Estados evaluados, nos encontramos en el número 31. La medición realizada por el estudio tiene que ver con el número de procedimientos, el costo y el tiempo que se tardan las autoridades judiciales para emitir sus resoluciones, desde que se presenta una demanda hasta el logro de la sentencia.

Según este estudio en Tlaxcala los juicios ordinarios tardan en resolverse aproximadamente 484 días para su conclusión en la primera instancia, es decir, por rápido que pueda ser un juicio en nuestro Estado, las autoridades tardan más de un año para resolverlo, además de que el costo se traduce en aproximadamente 32% del pago reclamado.

Frente a tales circunstancias la competitividad local se ve sumamente mermada, impidiendo con ello atracciones importantes de capital externo que permita incentivar y fomentar el empleo.

De esta manera conviene advertirle al mandatario estatal la importancia que tiene la impartición de justicia en el Estado y que además es responsabilidad de los tres poderes en su conjunto.

Si bien es cierto, la eficacia de la administración de justicia no puede estar íntimamente ligada con la dotación de los recursos públicos al Poder Judicial del Estado, si es un requisito para que puedan implementarse reformas jurídicas que tengan como fin el eficientar la labor de aplicar justicia.

Asimismo se requiere con urgencia diseñar, implementar y evaluar políticas públicas que tengan como finalidad el que la aplicación de la ley y la impartición de la justicia sean prontas y expeditas, de acuerdo a lo que señala nuestra Constitución.

De no ocurrir lo anterior no bastará el sólo engrandecer los primeros lugares que ocupa Tlaxcala en materia de seguridad, pues como se señala la existencia de un verdadero Estado de Derecho y la aplicación de la ley es una circunstancia que se encuentra relacionada de manera directa con el desarrollo de la colectividad y la generación de condiciones que permitan resolver los problemas sociales de los tlaxcaltecas. Al tiempo.