En fechas recientes se ha puesto de nueva cuenta en la agenda pública uno de los problemas más graves de nuestra Entidad, aquel que tiene que ver con la regulación del transporte público, particularmente el de los medios alternativos como lo son, los llamados mototaxis.
En este sentido, vale la pena referirse a esta problemática que aqueja principalmente al sur del Estado y que en días pasados tomó un nuevo rumbo al utilizar un contingente de civiles encapuchados que pretendieron esgrimirse como un “grupo de autodefensa” con el fin de defender, no intereses sociales, mucho menos lícitos, sino los propios de los titulares de estos peculiares medios de transporte.
El tema de los grupos propietarios de los mototaxis no es nuevo y tiene que ver, fundamentalmente, con el dilema de encontrar nuevos mecanismos de satisfacción de las necesidades sociales frente a un régimen jurídico que, al día de hoy, no permite el uso de éstos medios alternativos de transporte, incluso, los castiga penalmente. Frente a esto, el Estado tiene una disyuntiva que es garantizar el cumplimiento irrestricto de la norma o mostrarse sensible frente a las realidades que atraviesa una de las zonas más complejas de Tlaxcala, como lo es, la zona conurbada con la Ciudad de Puebla al sur de la Entidad.
En principio, y desde el punto de vista de la ciencia política, el Estado responsable de brindar seguridad, incluida en ésta la certeza jurídica, debe en todo momento velar por la preeminencia del Estado de Derecho frente a cualquier interés particular o de grupo del que se trate ya que a través de esta garantía es como únicamente se puede transitar por los caminos del desarrollo.
Como muestra basta observar lo vivido la semana anterior en el Distrito Federal, concretamente en la Sede del Congreso de la Unión, donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomó por asalto el Recinto Oficial de uno de los tres Poderes del Estado, simplemente porque las reformas en materia educativa planteadas no son favorables a sus intereses. Tal situación, por donde se le quiera ver, resulta lamentable no sólo porque da cuenta de que nuestro país, a pesar de definirse como democrático, sigue anteponiendo los intereses particulares de unos cuantos por encima del interés mayoritario e incluso, del interés nacional.
De esta manera, independientemente de sí la causa es justa, sí se requieren generar mecanismos alternativos para la manutención de las familias tlaxcaltecas, sí la operación de los mototaxis se considera nociva para la Entidad o es peligrosa para los usuarios; lo cierto es que con acciones contrarias a la ley se deslegitima cualquier movimiento ciudadano a priori.
Es urgente que se encuentren los caminos legales, tanto por parte de la autoridad como por parte de los quejosos, para que se analice a fondo, en un marco de cabal respeto y de legalidad, la viabilidad de este tipo de transporte.
Hoy, Tlaxcala adolece del problema de la movilidad, precisamente porque durante mucho tiempo prevaleció la tolerancia por encima de la legalidad. En la actualidad las soluciones no se encontrarán en los anaqueles de la ilegalidad, impunidad ni en la informalidad; hoy las normas son claras en relación al otorgamiento de nuevas concesiones, a los tipos, modelos y características que deben cubrir las unidades. Es urgente que la ecuación entre servicio público de calidad, ordenamiento y seguridad encuentren los equilibrios necesarios, de lo contrario las complejidades del transporte público irán más allá de las que tienen que ver con los mototaxistas. Al tiempo.
Desde la barrera
A principios de año se dio a conocer un peculiar estudio sobre la percepción de los ciudadanos respecto a su felicidad denominado “Ranking de felicidad en México” realizado por la fundación Imagina México A.C. donde se pretende medir el nivel de calidad de vida de la población. La ciudad tlaxcalteca mejor posicionada es Apizaco que se ubica en el lugar 17, seguida de Huamantla en el número 50 y Tlaxcala en el 61, todas por en cima de metrópolis como Puebla y Guadalajara. ¿A escasos meses de concluir las actuales administraciones, donde en ninguna de las tres pudo mantenerse el partido que actualmente gobierna, que percepción tendrán los ciudadanos sobre su nivel de vida?