El difícil ejercicio del “Poder”

Se dice que en la vida hay que actuar de frente y demostrar que la política es la más elevada y noble de las actividades. Es cumplir los compromisos, es sensibilidad e inteligencia puesta al servicio de la confianza depositada, sin distinciones ni diferencias, toda vez que el poder se legitima cuando se cimenta en una labor honesta, fructífera, tesonera y desinteresada.

De este modo el poder se convalida cuando los compromisos se cumplen, cuando la política no es de traiciones y simulaciones, sino de realizaciones, cuando la tarea de gobernar se pone al servicio de los ciudadanos y se utiliza como herramienta para satisfacer las necesidades colectivas más básicas.

La práctica y el ejercicio contemporáneo nos demuestra lo contrario, sobre todo cuando somos testigos mudos del actuar discrecional de los mandatarios estatales, quienes como virreyes, apoyan a sus candidatos, a sus “delfines”, tal como ocurrió en el proceso electoral del pasado 4 de julio, situación que evidenció la interferencia franca y abierta de los gobernadores en los procesos electorales mediante el uso discrecional de recursos públicos para inducir el voto mediante el clientelismo electoral.

Por ello no es de extrañar que en ocasiones nos sintamos deprimidos por la situación del país, que los jóvenes, vivan inmersos en prácticas y realidades sociales basadas en principios mexicanos tan arraigados como la corrupción, la desigualdad y la injusticia.

Actualmente la mayoría de ciudadanos no ven más que un país que no es capaz de ofrecer oportunidades de progresar, que a pesar del esfuerzo diario, de contar con capacidades, habilidades y estudios, resulta sumamente complejo encontrar un trabajo. Y quienes tienen algún empleo viven a la expectativa de saber si seguirán conservándolo o serán de los que formaran parte de la estadística del desempleo.

Esta lógica reacción ciudadana es resultado de incompetencia y desfachatez de nuestros políticos ya que hasta hoy no son capaces de ponerse de acuerdo en lo importante entreteniéndose, como bien lo afirma Denise Maerker, en pleitos irrelevantes e interesados en frivolidades y privilegios.

Bajo este contexto, en nuestro Estado, el PRI después de 12 años de no acceder al poder, regresa con mucha expectativa, con un sentimiento reflexivo pero con exigencias cada día más severas por parte de los tlaxcaltecas, con nuevas necesidades totalmente diferenciadas a las que se presentaban en el siglo XX.

Por ello resultará fundamental que el gobernador electo, Mariano González Zarur, encuentre una forma ecléctica de gobernar, será necesario combinar experiencia y juventud políticas que permitan no solamente responder a esas exigencias de los tlaxcaltecas, sino que permita construir un proyecto valido y viable de desarrollo local, con la implementación de políticas públicas novedosas y eficaces que den como resultado que nuestra entidad consolide su desarrollo como Estado.

Es prioritario para los más de cien mil tlaxcaltecas que se manifestaron por el regreso del PRI en Tlaxcala que se atiendan los temas más prioritarios, que el nuevo gobierno encuentre los mecanismo más validos para atender las exigencias, y finalmente responder a las necesidades colectivas.

Se requiere en Tlaxcala que se avance en temas como la seguridad, la justicia, pero incluso en la transparencia, la cual ha estado muy en boga estas últimas semanas, y donde resulta incluso risible y cínico que se apruebe a un municipio como el de Apizaco, el cual a todas luces, ha sido muestra clara de la ineficacia política, la corrupción y despotismo de los gobernantes y que la Comisión creada ex profeso para garantizar el cumplimiento de la transparencia gubernamental solo alcance una puntuación por arriba de lo medio, ¿Si ni la CAIPTLAX es capar de obtener un 100 por ciento de calificación, que se puede esperar de las demás entidades públicas?

Por todo lo anterior sin duda Mariano González tiene en sus manos el mayor reto de su larga carrera como político tlaxcalteca, el de consolidar, avanzar y dar respuesta a las necesidades, incluso algunas de ellas de las más básicas para los tlaxcaltecas.

Esperemos que el Plan Estatal de Desarrollo para los próximos seis años contemple todos estos temas prioritarios para nuestro Estado y sobre todo encuentre las vías más apropiadas para hacer que los programas y políticas gubernamentales respondan de manera eficaz y eficiente a todo ello. Al tiempo.

La defensa del Estado de Derecho por la SCJN

Cuando un Estado-Nación enfrenta una crisis de legitimidad, basada en la impunidad, corrupción y falta de eficacia por parte del Poder Ejecutivo, lo menos que puede esperarse es que el Órgano responsable de garantizar la preeminencia de la Carta fundamental dentro de una democracia constitucional actué en congruencia y en relación a su máxima responsabilidad de defender lo que queda de ese Estado de Derecho, aún por encima de intereses y presiones morales de una parte de la sociedad.

En este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación -como pocas veces en su historia- ha marcado precedente, defendiendo los principios más fundamentales y básicos del Estado Mexicano como el garantizar la preeminencia de los derechos públicos subjetivos, las garantías individuales, el laicismo y liberalismo mexicanos. Todo con el solo hecho de respetar lo establecido en el artículo 121 fracción IV de la Constitución mexicana; y validar con eso, la constitucionalidad de las leyes del Distrito Federal que aceptan la existencia de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Y es que, amigo lector, mas allá de que se esté a favor o en contra de estos matrimonios; no debe confundirse jamás la moralidad con la aplicación irrestricta de la norma, pues la primera depende o hace referencia a cuestiones puramente intrínsecas de las personas, principalmente a lo que se refiere en lo íntimo y privado de los seres humanos. Por otro lado, el respeto a la legalidad es una cuestión que corresponde a la convivencia entre personas, es decir, a la parte social del individuo, a su convivencia con y frente a los demás.

En este sentido, ¿Es verdad que la Suprema Corte aprobó la existencia de los matrimonios entre personas del mismo sexo?, ¿Es verdad que ese acto fue una aberración como algunos pretenden señalarlo?, ¿Es necesaria la aprobación de la Corte para que dos personas puedan tener preferencias sexuales distintas a las de la mayoría?, ¿Qué es en stricto sensu “el matrimonio”?

Por principio de cuentas la Corte no aprobó la existencia de los matrimonios gays. Por donde se quiera ver, la existencia de casos donde dos personas conviven de manera conjunta frente a la sociedad es ya una realidad, no de ahora sino desde que la historia de la humanidad tiene razón, y donde no es necesario una ley que los permita, sino por el contrario; los avale, pues repito las preferencias sexuales de una persona en lo individual es una cuestión; no moral, sino intima y privada, a la que al Estado corresponde no juzgarla, sino velarla y tutelarla, siempre y cuando no invada o lesione los derechos de terceros.

El matrimonio, no es otra cosa que un contrato, cuyo objetivo no es dar autorización para que dos personas puedan vivir conjuntamente, sino por el contrario otorga un grupo mínimo de derechos y deberes, garantizando la preeminencia de los mismos durante y después de la vida conyugal. Es decir, con el matrimonio ni el Estado, mucho menos la sociedad, otorgan su consentimiento para que dos personas unan sus vidas, pues es un acto que de manera libre los contrayentes deciden realizar, el Estado lo que realiza es dar garantía a ese hecho convirtiéndolo en un acto jurídico cobijado y reconocido por la norma, o lo que es lo mismo le otorga consecuencias jurídicas.

Así, lo realizado por la corte no es más que validar el principio de supremacía y primacía constitucional y defender el laicismo y liberalismo mexicano. La Corte solo se basó en principios puramente jurídicos para aplicar la ley, tal y como debería hacerse en toda actuación del Poder Judicial, tan hoy cuestionado.

Por eso no debe sorprendernos que el máximo tribunal del país valide una norma más, pues lo aprobado es eso y no otra cosa, la norma del Distrito Federal que otorga derechos y deberes a los que deciden convivir como pareja; siendo ellos del mismo sexo, eso que ya existe, que es derecho positivo, que es una norma vigente y que por ende debe ser reconocida por los demás estados integrantes de la federación, tal y como la misma constitución federal lo señala en su artículo 121.

Desafortunadamente en un país donde no es aceptado el laicismo como principio preponderante para el desarrollo de la sociedad, los grupos cuyas ideologías impiden la aceptación de estos actos, presionan de sobremanera las decisiones y cuestionan los votos de los ministros del más alto tribunal, cuya principal función es ser garante de la Carta Magna, aquella que nos permite vivir en una determinada colectividad respetando las libertades de todos.

Por lo anterior, es de resaltar la decisión de la Suprema Corte, no porque se esté a favor o en contra de aquellos que tienen preferencias sexuales hacia personas del mismo sexo, sino porque se trata de estar a favor de las libertades, el laicismo, la tolerancia y el respeto a la ley.

Para todos aquellos que llaman aberración lo realizado por la Corte les recuerdo que para que una sociedad progrese se requiere principalmente velar por el respeto a los demás y la tolerancia y que toda convivencia humana moderna y plural debe en todo y bajo cualquier circunstancia garantizar el respeto a las divergencias y los derechos y libertades personales. Derechos y libertades que a lo largo de la historia, son producto y fruto de la muerte de muchos; quienes, no aceptaron en ningún momento la idea de la imposición. ¡En hora buena a todos los ministros que votaron por la preeminencia del Estado de Derecho y que en este bicentenario aceptan la idea de un México independiente!

¿Con quién dialoga el Presidente?

Durante la semana anterior donde se llevaron a cabo una serie de encuentros denominados “Diálogos por la seguridad” en donde se conto con la presencia del mandatario mexicano, se observaron algunas cuestiones que son de resaltar y que dan cuenta de los nuevos tiempos políticos que vivirá nuestro país hasta 2012.

Así, en este encuentro; y a pesar de la participación de varios sectores, fuimos partícipes de la falta de legitimación que tiene el presidente tanto con la clase política como con la sociedad, circunstancia que lo ha orillado a buscar nuevos mecanismos validos de comunicación ya no solo con la sociedad, sino incluso con la propia clase política a la que a estas alturas del sexenio no le interesa ya lo que es acordar con el habitante de Los Pinos.

Dentro de uno de sus discursos en el marco de estos llamados diálogos; Calderón, recurrió a un pasaje bíblico “las bodas de Canaan” para expresar sutilmente la falta de aceptación, entendimiento y apoyo que ha tenido su política de seguridad y que a la fecha ya cuenta con un saldo de aproximadamente 28 mil caídos en tres años, según los datos emitidos por el propio CISEN en el mismo acto.

En el marco de estos señalamientos; el mandatario federal, señaló a los partidos de oposición por hacer caso omiso de sus solicitudes para adherirse a una guerra -que ya se ha expresado aquí- se percibe como una pugna puramente entre la federación y los capos de la droga.

Paradójicamente; los Diálogos por la seguridad, mostraron la falta precisamente de diálogo y concertación que existe entre el presidente y el resto de factores reales de poder.

Desde la instauración al inicio del sexenio Calderonista, la narcoguerra fue y ha sido vista como un acto puramente federal pues nunca se procuró un consenso y aceptación con el resto de la clase política y la sociedad civil que en toda estrategia permiten la venia necesaria para que la misma encuentre eco entre la colectividad. ¿Qué hubiera pasado si la actuación de la federación frente al narco fuese resultado de una exigencia ciudadana, apoyada por los actores políticos más representativos? Contrario a esto Felipe Calderón es percibido como poco más que un llanero solitario enfrentando a una delincuencia que si de algo goza es de organización.

Asimismo y derivado de la desesperación del gabinete Calderonista por legitimar la narcoguerra, por primera vez el Presidente de México, puso el dedo sobre el renglón; la aceptación de debatir la legalización de las drogas en México.

En este sentido este autor se ha expresado de manera positiva al respecto, pero más allá de la viabilidad que la legalización pudiera tener en sí misma, lo cierto es que el gobierno federal accede a entrar al debate de ella como una opción B para combatir el narcotráfico.

¿Qué busca Calderón al abrir la puerta al debate de la legalización? El sabe que en la manera en que la violencia se siga incrementando, el discurso del enfrentamiento directo con los narcos se va a ir agotando como ha venido ocurriendo, por lo que la sociedad exige –principalmente en los estados donde esta violencia es incontenible- mecanismos alternativos como la legalización.

Bajo esta tónica el propio calderonismo sabe que el tema de la legalización no solo podrá ser una alternativa viable para terminar con esta guerra a la cual ya no se le encuentran ni pies ni cabeza, pero que además permitirá en su momento servir de estandarte electoral frente a una sociedad agotada y aterrorizada por los narcotraficantes.

Aunado a lo anterior con el hecho de subir a la arena del debate la legalización, el Ejecutivo federal, sabe perfectamente que puede convertirse este solo hecho como el motor que permita mayor participación e interés de la sociedad por esa disputa entre gobierno y delincuencia organizada.

Y es que después de asesinatos, secuestros de personajes políticos, de periodistas, muertes de civiles, entre otras cuestiones; no dude amigo lector, que en un futuro la legalización de las drogas pueda ser un estandarte legitimo en el momento de hacer campaña, ¿Qué cree usted que piensen aquellos que han vivido en carne propia los daños tanto directos como colaterales de esta guerra que se percibe como perdida por parte del Gobierno?

Todos estos acontecimientos demuestran, que desde Los Pinos comienza a tejerse una nueva estrategia sobre la “estrategia de la lucha contra el crimen”; misma, que para el gobierno federal ha tenido poco mas que la consecuencia de 28 mil vidas, sino que la misma ha sido la originaria para que la administración Calderonista tenga un dialogo nulo con los principales actores nacionales.

Y es que hasta cuando un gobierno como el Calderonista se encuentra solo vale incluso la pena apostarle a propuestas tan contrarias a sus principios como puede ser la propia legalización de la droga.

Momentos de transición

En próximos días deberá comenzar el proceso mediante el cual la nueva administración tomará de manera progresiva las riendas del aparato gubernamental con el objetivo de llevar a buen puerto los compromisos asumidos durante campaña y plasmados de manera inicial en propuestas políticas que permitieron que Mariano González se alzara con el triunfo el pasado 4 de julio.

De esta manera comienza este largo peregrinar de seis meses mediante un proceso de entrega-recepción que deberá ser exhaustivo tomando en consideración que se trata nada más ni nada menos que de la entrega del bastón de mando tlaxcalteca.

Bajo esta tónica las preguntas que imperan en el ambiente político sobre la renovación del mandato gubernamental son muchas y de todo tipo.

Dentro de estos cuestionamientos encontramos también; como todo en política, hipótesis y teorías que buscan encontrar las respuestas y vislumbrar aquello que se vendrá en el mes de enero.

En este sentido existen dos incógnitas que son trascendentales en este período de transición, las cuales obedecen principalmente en el hecho de conocer los criterios que tomará el nuevo gobernante para constituir su gabinete y su equipo de trabajo y la más importante de todas ¿Cuál será el estilo que imprima Mariano Gonzàlez a su mandato?

En principio de cuentas debe el Gobernador electo conocer el estado que guarda la administración local, los diferentes programas y sus respectivos resultados, así como la presupuestación que existe para la ejecución de cada uno de ellos, todo lo anterior, previo a la designación o en su caso ratificación de los distintos funcionarios de primero y segundo nivel, incluyendo por su puesto al personal operativo de la burocracia local.

El presupuesto será un tema de vital importancia pues determinará el margen de maniobra que tendrá el Ejecutivo del Estado y es aquí donde se abre otra interrogante más; ¿Quién definirá el presupuesto para 2011? En estricto sentido debe ser tanto la administración como la legislatura actual, por lo que la gestión y cabildeo del equipo de transición resultará de vital importancia, pues su participación, resulta necesaria al ser la nueva administración quien lo ejecutará en términos reales.

En este terreno el nuevo sexenio deberá resolver una demanda importante de la ciudadanía pero que para el caso de Tlaxcala, y su poca capacidad recaudatoria, impacta profundamente en las finanzas públicas; el impuesto de la tenencia vehicular.

La tenencia es un impuesto de los pocos que el estado puede cobrar y utilizar de manera directa sin intervención de la federación, convirtiéndose; por ese solo hecho, en una de las contribuciones tributarias base dentro de las recaudaciones que realizan los Estados.

Para el caso de Tlaxcala, Mariano tendrá que resolver el dilema de eliminarla aunque eso afecte de manera directa el desarrollo de una administración que opera con muy pocos márgenes de maniobra.

Recordemos que por cada peso que tiene de presupuesto el Estado de Tlaxcala, 96 centavos provienen de la federación y de los 4 restantes aproximadamente 2 se obtiene de la tenencia. ¿Cómo tener un gobierno más efectivo cuando su capacidad de acción y de endeudamiento es limitada?

Finalmente el tema de la designación de los integrantes del gabinete tendrá que ser resuelta bajo dos perspectivas.

La primera para dar paso al cumplimiento de los compromisos asumidos en campaña y la otra sobre la selección de personas cuyo perfil permita cumplir los planes y programas sexenales. Es decir, deberá resolver la dicotomía entre gabinete y equipo de trabajo.

Aquí cabe recordar que una administración, principalmente pública, se integra por dos tipos de personas, aquellas que tienen perfil puramente político, que en muchos de los casos son los responsables de la gestión y concertación políticas, y otras más, cuyas características técnicas permiten la operación oportuna de los programas gubernamentales.

Asimismo, todo gabinete, cuenta o debe contar con un equipo de asesores cuya óptica de los problemas que aquejan a un gobierno es distinta al no estar inmersos en los problemas diarios de toda burocracia. Este equipo de asesores suele ser un conjunto de personas de todas las confianzas del mandatario estatal y con plena capacidad y experiencia en el terreno de la administración pública.

Mas allá de los nombres que puedan manejarse y de las especulaciones que puedan hacerse, respecto de lo que vendrá en los próximos meses, lo cierto es que el gabinete deberá incluir a los mas idóneos para que Tlaxcala consolide sus estándares de crecimiento y desarrollo como entidad. Al tiempo.