La semana anterior culminó en el Congreso del Estado
el proceso de dictaminación de las cuentas públicas de los 106 entes
fiscalizables, que de acuerdo a la ley tienen la obligatoriedad de rendir sus
informes financieros al Órgano de Fiscalización Superior para que, éste a su
vez, los remita a la Legislatura correspondiente con el objetivo de que las
cuentas públicas sean o no aprobadas por el Pleno de esta Soberanía a más
tardar el 30 de octubre del ejercicio inmediato posterior.
De esta manera, lo vivido en el recinto oficial del
Poder Legislativo dio cuenta de la forma en que se lleva a cabo la valoración
de los estados financieros de Poderes, Organismos Autónomos, Entidades y
Municipios, quedando evidenciado que el proceso de rendición de cuentas,
fiscalización y dictaminación de las mismas es y ha sido incapaz de cumplir con
su cometido, el de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos
públicos y explicar a la sociedad que pasa con cada peso.
La modificación de dictámenes en el Pleno de dicha
Soberanía es una cuestión que si bien no puede ser cuestionada jurídicamente al
ser éste la máxima expresión del Poder Legislativo, sí puso de manifiesto que
la calificación de las cuentas públicas obedeció a intereses distintos a la
realización de un análisis y valoración objetivos que permitiesen a los
ciudadanos tener las garantías suficientes para saber que autoridades
realizaron un adecuado manejo de los recursos que son de todos.
En este sentido, y una vez concluida la dictaminación
de los estados financieros de 2011, vale la pena hacerse algunas interrogantes;
¿Existen o no intereses distintos a la valoración imparcial que debe hacerse en
la revisión, fiscalización y dictaminación de cuentas públicas? ¿Cuáles son los
valores que rigen la labor del Órgano de Fiscalización Superior? ¿Cuál es la
razón de la existencia del Ente Fiscalizador sí sus determinaciones están
supeditadas al arbitrio legislativo? ¿Qué objetivos tiene la tarea de fiscalización
y a quién beneficia?
La respuesta a todas estas interrogantes obliga a
pensar en un nuevo modelo de fiscalización que tenga como premisa fundamental aquella
sustentada en el hecho de que la misma se convierta en una herramienta para que
la sociedad conozca de manera transparente y objetiva la forma en que se gastan
los recursos públicos y, si la misma, se realiza en beneficio de la
colectividad. Es indispensable que en Tlaxcala se establezca y consolide un
sistema de control interno único para todos los ámbitos de gobierno, que sea
eficaz y eficiente en la prevención, detección y corrección de actos de
corrupción.
Un modelo de control interno ayudaría no sólo como un
“antídoto” de posibles fraudes, sino, asegurarse que las políticas públicas se
lleven a cabo tal y como se diseñaron. Se requiere establecer una sola
normatividad y un sólo sistema de control para todos los órganos de gobierno,
tanto para los tlaxcaltecas como los del resto del país, lo que puede
englobarse en el diseño e implementación de un Sistema Nacional de Fiscalización
que determine de manera unificada, criterios de revisión y fiscalización claros
y objetivos que permita identificar las causas por las cuales determinado ente
aprueba o no su cuenta pública. Asimismo, es ineludible que se delimiten
puntualmente quiénes son las autoridades revisoras, juzgadoras y sancionatorias
en el proceso de fiscalización.
De no realizarse lo anterior la fiscalización y
rendición de cuentas no será más que un intercambio de intereses personales;
políticos y económicos, a costa de uno de los elementos más importantes de las
democracias modernas; la transparencia de lo público. Al tiempo.
Desde
la barrera
Y en el tema del manejo de los recursos públicos, la
nota la dieron los Comisionados de la CAIPTLAX quienes se pronunciaron en el
sentido de incrementar su salario bajo el argumento de que en otras latitudes
del país sus homólogos gozan de mejores prestaciones. En este sentido, el
problema no radica en el aumento de sus ingresos por ostentar el cargo de
Comisionados, sino en la precariedad con la que han realizado su trabajo. Los
integrantes de la Comisión de Acceso a la Información deberían pensar no en el
aumento a su salario sino como contribuir de mejor manera en la tarea de transparencia
y rendición de cuentas que tienen como tarea fundamental. Por salud pública
estos servidores públicos están obligados a reconsiderar su posición o al menos
señalar cuál será su plan de trabajo o las metas que se pondrán como organismo
para 2013. Al tiempo.
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