La ley antiaborto en Tlaxcala; ¿Hacia un Estado regresivo?

A lo largo de las ultimas semanas se ha vivido en nuestro país discusiones cuya circunstancia prioritaria radica en las subjetividades que el propio carácter de las mismas implica; ya sea la posibilidad de que las parejas de un mismo sexo puedan contraer matrimonio, o bien adoptar, así como se ha revivido la antiquísima discusión sobre la penalización del aborto. Supuesto, éste último; que en Tlaxcala, parece estar cerca de convertirse en una realidad.

El aborto es un tema que involucra a distintos actores y por lo cual durante años ha sido un tema tabú dentro de la sociedad mexicana y más aun en la sociedad tlaxcalteca, al considerar como prioritario el aspecto moral que el propio acto de interrumpir el embarazo implica.

El hecho de considerar el aspecto moral como determinante para penalizar el aborto ha producido por décadas que se originara un problema de salud pública en nuestro país en virtud de que a pesar de existir pena para quien interrumpe el embarazo, este tipo de actos son tan comunes que han permitido la proliferación de clínicas sin ninguna regulación, higiene y profesionalismo. Incluso es tan común la práctica de abortar y practicar abortos que en los propios medios de comunicación impresa pueden verse con frecuencia anuncios donde se promociona esta practica ilegal.

Basado en lo anterior el proyecto mediante el cual pretende incluirse un primer párrafo a la fracción I del artículo 19 de la constitución local, que tiene como fin garantizar el derecho a la vida desde la concepción, basado en un principio del Derecho romano que refiere: “Al infante concebido se le entiende por nacido para todo aquello que le beneficie”. Si tomamos como base este principio, bien debemos preguntarnos ¿Qué se entiende por concepción?, ¿Cuándo validamente se puede decir que un embrión se puede considerar como un ser humano? La respuesta la tiene la ciencia, pues ésta ha demostrado que marca la línea divisoria de aquel embrión que devendrá hombre y aquel que nunca lo será, la aparición del tejido neural, mismo que permite suponer el posterior desarrollo del cerebro y la consiguiente "humanización" del hombre mediante el progreso de su capacidad intelectual, lo que se presenta después de los 40 días de la fecundación.

Ahora bien si consideramos el punto de vista jurídico, el aborto es ya considerado un delito establecido en el artículo 277 del Código Penal aplicable para el Estado, cuya pena no rebasa los dos meses de prisión, es decir se trata de un delito culposo de acuerdo a lo que advierte el artículo 51 del propio ordenamiento legal. Si es verdad que lo que se quiere es protegerse el derecho a la vida; ¿Acaso no debería considerarse al aborto –por atentar a la vida- como delito grave?

Aunado a lo anterior, debe también considerarse que la aplicación de este artículo 277 del Código Penal es inexistente, pues a la fecha no se tiene noticia y menos registro de que exista alguna averiguación previa y mucho menos sentencia a alguna mujer o medico por realizar o haberse realizado un aborto, lo que técnicamente lo vuelve una norma vigente pero ineficaz; cuya observancia es nula, tan nula que lo que realmente se pone en riesgo al prohibir el aborto, es la vida de las mujeres que día con día acuden a interrumpir un embarazo bajo circunstancias insalubres; es decir, con la protección del derecho a la vida mediante la prohibición del aborto, se lesiona el derecho a decidir de las mujeres y además se pone en riesgo el derecho a la vida de una persona cierta y determinada; la mujer que se lo practica.

Ahora bien, no debe confundirse por la sociedad, las autoridades y las instituciones religiosas que la despenalización del aborto implica la obligación de hacerlo, sino por el contrario, implica como ya se señalo el garantizar a las mujeres su derecho a decidir libremente sobre su cuerpo dejando el aspecto moral y religioso a su libre albedrío, pues la moral, es una cuestión puramente subjetiva que depende de cada persona en lo individual. Recordemos que en un Estado moderna, liberal y laico la moralidad no puede ser un elemento que se anteponga al derecho que garantiza la libertad de decisión de las personas, y menos tomarse en consideración para establecer una conducta delictiva.

Asimismo la despenalización del aborto debe ir acompañada de programas educativos que garanticen el correcto y pleno desarrollo sexual de los jóvenes, donde se oriente a los adolescentes sobre la práctica y mecanismos anticonceptivos que existen para la planificación familiar.

Esperemos que nuestros diputados locales tomen en consideración todos estos argumentos en el momento de entrar al debate sobre la penalización del aborto pues como ya he señalado es un problema de salud pública que ha provocado la muerte a miles de mujeres, además que de aprobarse la ley antiaborto no existe ninguna garantía para que esta practica deje de presentarse a diario en Tlaxcala.

México un Estado bicentenario fallido

Desde la existencia de la figura institucional del Estado moderno, mucho se ha discutido sobre los fines que éste debe tener en el marco de un sistema político. De todas estas discusiones se ha determinado que lo que al menos un Estado debe garantizar son tres cuestiones: la preeminencia de la ley, la seguridad para la población que lo integra y finalmente los servicios públicos que esta obligado a brindar.

Bajo las premisas anteriores debemos preguntarnos, ¿El Estado mexicano, mediante sus instituciones, su régimen político y su clase política garantiza la observancia de la ley?, ¿Brinda seguridad a los que se encuentran dentro de su territorio?, ¿Brinda servicios públicos de calidad a la población?.

Sin duda estas preguntas deben ser la clave a la hora de hablar de la eficacia y eficiencia del Estado mexicano, más allá, de si existe o no una democracia mexicana, si ésta es o no de calidad, si la figura presidencialista esta acabada, si es necesario o no que los legisladores deban reelegirse o bien si los checks and balances mexicanos están correctamente establecidos.

Y es que la semana anterior de nueva cuenta se dio prueba, una vez más –por desgracia de todos- que el Estado mexicano, ese que esta en boga presumir, enorgullecer y festejar a 200 años de su existencia, denoto sus debilidades, sus deficiencias y sobretodo sus incapacidades. Hablo del Estado en su conjunto sin importar la división que del poder se realiza.

La masacre –porque no puede denominarse de otra manera- que sufrieran 15 jóvenes cuyo único delito fue divertirse en una fiesta privada y ser habitantes de Ciudad Juárez, se convirtió peor que lo vivido por Cabañas, en una prueba real de lo que a diario se vive en esa Ciudad fronteriza, situación que ya es de alarmarse, pues tal pareciera que cualquier persona puede validamente transgredir la ley y no existe autoridad que pueda garantizar lo contrario.

Es decir que en esa parte del territorio mexicano y en muchas otras más, el Estado en su conjunto, es incapaz de cumplir y hacer cumplir la ley. Pero para nuestra desgracia las reacciones dan de que hablar más que la propia masacre de aquellos jóvenes.

Por principio de cuentas el Ejecutivo federal, tardó tres días en dar lo mínimo a las familias; el pésame. Pero señalando como puñalada a las familias ofendidas, que el acto era motivado por una disputa entre grupos de delincuentes. Por su parte el gobierno local, solo se dedicó a culpar y cuestionar la estrategia de la guerra contra el narco; ¿Y su responsabilidad ante sus electores?, ya ni del gobierno municipal se puede hablar, simple y sencillamente por qué este no existe.

Y paradójicamente en medio de esta lluvia de balas, corruptelas, complicidades e ineptitudes gubernamentales, se presentaron otras más en el centro del país; sí, en la zona donde la sucesión presidencial y las estrategias reales tienen única y exclusivamente que ver con el 2012.

Las lluvias que se presentaron a mitad de semana, se convirtieron de nueva cuenta en una herramienta para descalificar políticamente a los adversarios y en una guerra de declaraciones de todos contra todos; si se aviso o no al Gobierno del DF, si los responsables son los gobiernos locales, si no se puede contener semejantes lluvias, etc. Pura politiquería del más bajo nivel.

Lo cierto es que, de nueva cuenta, se mostró y demostró algo -que al menos los que hemos transitado por la zona sabemos- lo peligroso de que en pleno siglo XXI las aguas negras de la Ciudad de México, de la Capital del cacareado Estado mexicano del bicentenario, transiten abiertamente y por encima de la comunidad de Chalco y la autopista México-Puebla. ¿Qué nadie se ha dado cuenta que eso es una bomba de tiempo?, ¿Qué no saben que con cualquier lluvia fuerte de medio rango la Calzada Zaragoza se inunda completamente?, ¿Por qué lejos de solucionar la problemática solo se hacen descalificaciones para eludir la responsabilidad?, y peor aún ¿Dónde están, en medio de esta crisis poblacional, aquellos que lucharon con uñas y dientes por el poder y el presupuesto de Iztapalapa?. ¿Y los afectados a esos quien les va ayudar?, ¿Qué no es más importante invertir en la infraestructura subterránea que 17 mil millones para el tranvía del bicentenario en el zócalo capitalino?

La realidad es que muy a pesar de que la clase política se encuentre inmersa en su lucha para llegar a Los Pinos en 2012, debemos reflexionar sobre la necesidad de reformar al Estado, ese Estado que semana a semana, día a día da muestra de su fragilidad, de su fractura y de su incapacidad. Por desgracia para todos el Estado mexicano, más que una democracia, más que una republica, más que un presidencialismo, no es otra cosa que un Estado fallido, ¡bendito bicentenario!, ahora si tenemos razones para sentirnos orgullosos.