Atentados Legislativos

Ahora que está de moda el recobrar viejas costumbres y recordar prácticas de antaño en nuestra Entidad, la Comisión de Acceso a la Información Pública de la Sexagésima Legislatura, encabezada por el diputado priista Francisco Javier Romero Ahuatzin, propuso -bajo el auspicio de la Comisión de Acceso a la Información Pública de Tlaxcala- la creación de una nueva ley en la materia que “per se” constituye regresiones propias del Antiguo Régimen Mexicano y contiene características atribuibles a los Regímenes Totalitarios.

De manera particular, la propuesta de Ley realizada por los legisladores locales tiene un sinfín de aristas. Pero concretamente quisiera referirme a lo señalado en su numeral 47, mismo que advierte: “Los medios de comunicación y periodistas, en general, deberán ejercer su derecho a la libertad de expresión y de información de manera responsable, realizando artículos periodísticos de carácter completo, veraz, adecuadamente investigados y contrastados con las fuentes que sean convenientes y oportunas...”

La discusión respecto de este artículo incluido en el proyecto de nueva Ley de Acceso a la Información, tiene de fondo una cuestión primordial; la limitación al derecho a la libertad de expresión que tengan los periodistas, conjuntamente, con el derecho de libertad de prensa.

En este sentido -y a pesar de lo señalado por el filósofo Norberto Bobbio respecto a que hoy en día el debate referente a los derechos, no radica en su justificación, sino en su protección- vale la pena recordarle a los promoventes de esta nueva ley algunas consideraciones que deben prevalecer en las democracias actuales.

Por principio de cuentas se debe tener en cuenta la importancia de la libertad de expresión en un sistema jurídico como condicionante de la existencia y posibilidad de un régimen democrático. El hecho de que todas las personas -incluyendo a los que se dedican a la labor periodística- tengan garantizada su libertad de expresión es un presupuesto necesario para que se construya la opinión pública indispensable para validar algunos derechos fundamentales, como lo es, el derecho a la información, el derecho de petición o los derechos políticos de las personas. Y es que así es como lo ha determinado, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español, al señalar: “Que sin una comunicación pública libre, se corre el riesgo de dejar sin contenido real otros derechos que consagra la Constitución, reduciendo en contenido a las instituciones representativas y dejando falseado el principio de legitimidad democrática, base de toda nuestra ordenación jurídico-política. Es decir, la opinión pública es en sí misma una institución política fundamental y constituye un valor y requisito primordial para el funcionamiento de un Estado democrático”.

Frente a lo anterior podría cuestionarse respecto de las limitaciones que la libertad de expresión debe tener en toda democracia. Y en efecto, este tipo de libertad tiene como resultado la prohibición de toda forma de censura, en particular, no es posible censurar de manera previa, los contenidos posibles de determinada discusión. En cualquier democracia, cualquier tema es susceptible de discusión y si bien es cierto esta libertad puede constituir por sí misma la lesión de otros tantos derechos, debe en principio regularse por normas de la misma jerarquía y mediante supuestos normativos perfectamente delimitados, nunca de manera general como se busca hacer en la iniciativa de Ley de Acceso a la Información presentada en el pleno del Congreso.

Las autoridades juegan un papel preponderante en el desarrollo de la democracia al igual que los medios de comunicación, pues su actuación no debe ser puramente pasiva en el tema de la libertad de expresión, tienen una gran responsabilidad por ser ellos los vehículos naturales para que las libertades en materia de comunicación sean una realidad y contribuyan al desarrollo de los procesos democráticos donde existan ciudadanos bien informados, capaces de conocer debidamente sus derechos y deberes para contar con las herramientas necesarias para elegir de manera adecuada a sus gobernantes.  

Así, es necesario que lejos de coartar las libertades de expresión y de imprenta por parte del Poder Legislativo se asegure un verdadero pluralismo mediático que permita desarrollar las condiciones de realización de un sistema democrático consolidado, como lo constituye una opinión pública libre e informada.

Esperemos que estos criterios sean los que constituyan la columna vertebral de una nueva Ley de Acceso a la Información Pública en la Entidad que generen una herramienta cierta y eficaz para garantizar tan importante derecho.

Desde la barrera

Y ya que estamos hablando de aplicar la ley en materia de acceso a la información y que los organismos responsables de velar por su cumplimiento se encuentran tan preocupados por su modernización, ¿Por qué no mejor se ocupan de aplicar los ordenamientos contenidos en la actual norma y llevan a cabo el monitoreo semestral de entes obligados, tal y como la propia ley marca?

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Recortes ilegales e ilegítimos

La semana pasada ya vislumbraba la problemática que enfrentaría con el paso de los días la administración estatal, derivada de la disminución de salarios que cientos de servidores públicos sufrieron por la instrucción girada a través de un documento signado por el Oficial Mayor de Gobierno, Ubaldo Velasco.

Tal acto tiene ciertas cuestiones que valen la pena tomar en consideración en estos momentos en que vivimos tiempos de fiesta y de orgullo tlaxcaltecas, derivados  de “La Gran Feria Tlaxcala 2011”, y  por la visita a nuestra Entidad del tenor más importante del mundo, Placido Domingo. Todo enmarcado en un clima de escases económica que permea, incluso, en las administraciones públicas.

El recorte presupuestal a las compensaciones de los funcionarios públicos estatales tiene, por principio de cuentas, un componente altamente contrario al marco jurídico, aquel al que todos los servidores públicos protestan guardar y hacer guardar cuando asumen su cargo.

La medida tomada por el Oficial Mayor se contrapone abiertamente a las leyes, principalmente, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala en su artículo 127 que las remuneraciones salariales de los servidores públicos, tanto de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y organismos autónomos, incluyendo en esto las compensaciones, son simple y sencillamente irrenunciables.

Lo anterior obliga a preguntarnos, ¿Acaso nadie dimensionó las consecuencias legales que una decisión de tales dimensiones implicaría? Y no me refiero a la posibilidad que tendrían los empleados públicos para demandar lo que a su derecho corresponda, sino por el contrario, el reconocimiento real y cierto de que las autoridades estatales pasan por alto el marco normativo a su libre albedrio.

Por otro lado, si nos enfocamos a la legitimidad social y política que dicha medida conlleva los resultados tampoco se tornan favorables para la actual administración. En primer plano, debemos considerar que de la Población Económicamente Activa del Estado de Tlaxcala, aproximadamente el 10%, labora para alguna dependencia de este índole, lo que demuestra que en nuestra Entidad gran parte de las personas en posibilidad de trabajar lo hacen en funciones propias de la Administración Publica.

De esta manera el impacto en la derrama económica local es inminente, pues al verse mermados los servidores públicos en una buena parte de sus ingresos, sus gastos en ciertos rubros deberán, por ende, disminuir. Ahí tenemos la escasa presencia de espectadores que han tenido muchos espectáculos de la feria como el palenque o los toros, dónde han sido evidentes las malas entradas. No olvidemos también lo que se vive, después del anuncio de la presentación de Placido Domingo, donde la necesidad  para colocar boletos entre la gente, es una realidad.

Tales repercusiones sin duda impactarán en los terrenos de lo político, principalmente en el rubro de lo electoral, pues gran parte de los afectados con la medida se encuentran inconformes con la misma, incluso hacen evidente su reacción reduciendo sus rendimientos al más puro estilo de "a salario igual, trabajo igual".

Se desconoce al día de hoy cuáles fueron las circunstancias reales por las que se redujeron los salarios en el Gobierno del Estado, lo cierto es, que la acción no ha caído bien entre aquellos que deben acatarla pero que a todas luces les ha generado un descontento real, y que advierten una falta de planeación financiera al interior de la propia administración.

Desde la barrera

Se anunció por parte del Ayuntamiento apizaquense la aplicación en próximos días del programa alcoholímetro para la Ciudad Rielera; tal circunstancia resulta plausible en un entorno dónde los vicios están dominando el actuar de los jóvenes. Esperemos que aquellos que serán los responsables de llevar a cabo dicho programa sean capacitados debidamente para que la corrupción y la extorción no manchen la buena intención del Ayuntamiento apizaquense.

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Vergüenza legislativa

En semanas anteriores fuimos partícipes de un gran número de actos lamentables en el seno del Congreso de la Unión; de igual forma, en la sesión maratónica del jueves pasado al interior del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y en los asuntos generales, diputados de PRI y PAN dieron muestra de su capacidad para ofender no solamente a sus compañeros legisladores, sino para opacar la función que les fue otorgada por parte de los ciudadanos.

Dichos acontecimientos que son una muestra del nivel político e ideológico que impera en la clase política, nos hacen reflexionar sobre el mejoramiento de éste poder público, responsable en la teoría de los pesos y contrapesos, de ser un equilibrio directo en contra de los actos del ejecutivo e impedir con ello el establecimiento de un régimen totalitario.

Bajo ésta perspectiva y ahora que también se encuentra la Reforma del Estado en un impasse legislativo, se deben tomar en cuenta la serie de agresiones, señalamientos, e injurias que bajo "el fuero" los legisladores pueden realizar para referirse a quién quieran y bajo las palabras que deseen.

Como parte de la Teoría Constitucional de la democracia representativa se considera que el Poder Legislativo es el responsable de representar, al menos en la Cámara Baja, la pluralidad ideológica que existe en determinado Estado, motivo por el cual se permite que sean ciudadanos, incluso sin alguna preparación, aquellos que puedan acceder a un puesto tan importante.

De esta manera, se permite construir una Cámara representativa de todas las clases sociales, sin mayor distingo que el de encabezar -al menos doctrinariamente- los intereses ciudadanos. Pero ¿Qué pasa cuando esa representatividad se lleva al extremo de denigrar y sobajar a un poder como el Legislativo?, ¿Resulta válido anteponer la pluralidad, frente a la capacidad legislativa?, ¿Es viable que las alusiones personales entre los legisladores se ventilen en la forma en que se realizan y que la tribuna legislativa, que fue concebida como palestra para el diálogo y la disertación, sea utilizada como herramienta para poner en entredicho la honorabilidad de las personas?

Sin duda, lo visto en San Lázaro y en la Legislatura Local la semana pasada constituye una serie de actos lamentables para nuestra sociedad y nos obliga a pensar en herramientas que permitan enarbolar la difícil tarea congresista. Demos paso a la reelección legislativa como mecanismo para que aquellos que dicen representarnos en una curul, rindan cuentas a la ciudadanía y no a aquellos a los que les deben algún favor o pleitesía.

En tanto no se logre dar paso a la reelección legislativa y limitar las candidaturas por representación proporcional, seguiremos siendo participes de actos tan grotescos como los señalados. Esperemos que el PRI, que dice ser el motor de un nuevo México, efectivamente no limite en el marco de la Reforma del Estado contar con un mecanismo eficiente para la profesionalización legislativa como lo es la propia reelección de diputados. Al tiempo.

Desde la barrera

Se comenta al interior de las diferentes dependencias el oficio signado por el Oficial Mayor de Gobierno respecto a la disminución salarial que sufrirán distintos niveles en la administración pública local. Tal acto no solamente es muestra clara de una falta de planeación presupuestal sino además es contrario a las propias leyes de Tlaxcala.