Atentados Legislativos

Ahora que está de moda el recobrar viejas costumbres y recordar prácticas de antaño en nuestra Entidad, la Comisión de Acceso a la Información Pública de la Sexagésima Legislatura, encabezada por el diputado priista Francisco Javier Romero Ahuatzin, propuso -bajo el auspicio de la Comisión de Acceso a la Información Pública de Tlaxcala- la creación de una nueva ley en la materia que “per se” constituye regresiones propias del Antiguo Régimen Mexicano y contiene características atribuibles a los Regímenes Totalitarios.

De manera particular, la propuesta de Ley realizada por los legisladores locales tiene un sinfín de aristas. Pero concretamente quisiera referirme a lo señalado en su numeral 47, mismo que advierte: “Los medios de comunicación y periodistas, en general, deberán ejercer su derecho a la libertad de expresión y de información de manera responsable, realizando artículos periodísticos de carácter completo, veraz, adecuadamente investigados y contrastados con las fuentes que sean convenientes y oportunas...”

La discusión respecto de este artículo incluido en el proyecto de nueva Ley de Acceso a la Información, tiene de fondo una cuestión primordial; la limitación al derecho a la libertad de expresión que tengan los periodistas, conjuntamente, con el derecho de libertad de prensa.

En este sentido -y a pesar de lo señalado por el filósofo Norberto Bobbio respecto a que hoy en día el debate referente a los derechos, no radica en su justificación, sino en su protección- vale la pena recordarle a los promoventes de esta nueva ley algunas consideraciones que deben prevalecer en las democracias actuales.

Por principio de cuentas se debe tener en cuenta la importancia de la libertad de expresión en un sistema jurídico como condicionante de la existencia y posibilidad de un régimen democrático. El hecho de que todas las personas -incluyendo a los que se dedican a la labor periodística- tengan garantizada su libertad de expresión es un presupuesto necesario para que se construya la opinión pública indispensable para validar algunos derechos fundamentales, como lo es, el derecho a la información, el derecho de petición o los derechos políticos de las personas. Y es que así es como lo ha determinado, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español, al señalar: “Que sin una comunicación pública libre, se corre el riesgo de dejar sin contenido real otros derechos que consagra la Constitución, reduciendo en contenido a las instituciones representativas y dejando falseado el principio de legitimidad democrática, base de toda nuestra ordenación jurídico-política. Es decir, la opinión pública es en sí misma una institución política fundamental y constituye un valor y requisito primordial para el funcionamiento de un Estado democrático”.

Frente a lo anterior podría cuestionarse respecto de las limitaciones que la libertad de expresión debe tener en toda democracia. Y en efecto, este tipo de libertad tiene como resultado la prohibición de toda forma de censura, en particular, no es posible censurar de manera previa, los contenidos posibles de determinada discusión. En cualquier democracia, cualquier tema es susceptible de discusión y si bien es cierto esta libertad puede constituir por sí misma la lesión de otros tantos derechos, debe en principio regularse por normas de la misma jerarquía y mediante supuestos normativos perfectamente delimitados, nunca de manera general como se busca hacer en la iniciativa de Ley de Acceso a la Información presentada en el pleno del Congreso.

Las autoridades juegan un papel preponderante en el desarrollo de la democracia al igual que los medios de comunicación, pues su actuación no debe ser puramente pasiva en el tema de la libertad de expresión, tienen una gran responsabilidad por ser ellos los vehículos naturales para que las libertades en materia de comunicación sean una realidad y contribuyan al desarrollo de los procesos democráticos donde existan ciudadanos bien informados, capaces de conocer debidamente sus derechos y deberes para contar con las herramientas necesarias para elegir de manera adecuada a sus gobernantes.  

Así, es necesario que lejos de coartar las libertades de expresión y de imprenta por parte del Poder Legislativo se asegure un verdadero pluralismo mediático que permita desarrollar las condiciones de realización de un sistema democrático consolidado, como lo constituye una opinión pública libre e informada.

Esperemos que estos criterios sean los que constituyan la columna vertebral de una nueva Ley de Acceso a la Información Pública en la Entidad que generen una herramienta cierta y eficaz para garantizar tan importante derecho.

Desde la barrera

Y ya que estamos hablando de aplicar la ley en materia de acceso a la información y que los organismos responsables de velar por su cumplimiento se encuentran tan preocupados por su modernización, ¿Por qué no mejor se ocupan de aplicar los ordenamientos contenidos en la actual norma y llevan a cabo el monitoreo semestral de entes obligados, tal y como la propia ley marca?

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Recortes ilegales e ilegítimos

La semana pasada ya vislumbraba la problemática que enfrentaría con el paso de los días la administración estatal, derivada de la disminución de salarios que cientos de servidores públicos sufrieron por la instrucción girada a través de un documento signado por el Oficial Mayor de Gobierno, Ubaldo Velasco.

Tal acto tiene ciertas cuestiones que valen la pena tomar en consideración en estos momentos en que vivimos tiempos de fiesta y de orgullo tlaxcaltecas, derivados  de “La Gran Feria Tlaxcala 2011”, y  por la visita a nuestra Entidad del tenor más importante del mundo, Placido Domingo. Todo enmarcado en un clima de escases económica que permea, incluso, en las administraciones públicas.

El recorte presupuestal a las compensaciones de los funcionarios públicos estatales tiene, por principio de cuentas, un componente altamente contrario al marco jurídico, aquel al que todos los servidores públicos protestan guardar y hacer guardar cuando asumen su cargo.

La medida tomada por el Oficial Mayor se contrapone abiertamente a las leyes, principalmente, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala en su artículo 127 que las remuneraciones salariales de los servidores públicos, tanto de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y organismos autónomos, incluyendo en esto las compensaciones, son simple y sencillamente irrenunciables.

Lo anterior obliga a preguntarnos, ¿Acaso nadie dimensionó las consecuencias legales que una decisión de tales dimensiones implicaría? Y no me refiero a la posibilidad que tendrían los empleados públicos para demandar lo que a su derecho corresponda, sino por el contrario, el reconocimiento real y cierto de que las autoridades estatales pasan por alto el marco normativo a su libre albedrio.

Por otro lado, si nos enfocamos a la legitimidad social y política que dicha medida conlleva los resultados tampoco se tornan favorables para la actual administración. En primer plano, debemos considerar que de la Población Económicamente Activa del Estado de Tlaxcala, aproximadamente el 10%, labora para alguna dependencia de este índole, lo que demuestra que en nuestra Entidad gran parte de las personas en posibilidad de trabajar lo hacen en funciones propias de la Administración Publica.

De esta manera el impacto en la derrama económica local es inminente, pues al verse mermados los servidores públicos en una buena parte de sus ingresos, sus gastos en ciertos rubros deberán, por ende, disminuir. Ahí tenemos la escasa presencia de espectadores que han tenido muchos espectáculos de la feria como el palenque o los toros, dónde han sido evidentes las malas entradas. No olvidemos también lo que se vive, después del anuncio de la presentación de Placido Domingo, donde la necesidad  para colocar boletos entre la gente, es una realidad.

Tales repercusiones sin duda impactarán en los terrenos de lo político, principalmente en el rubro de lo electoral, pues gran parte de los afectados con la medida se encuentran inconformes con la misma, incluso hacen evidente su reacción reduciendo sus rendimientos al más puro estilo de "a salario igual, trabajo igual".

Se desconoce al día de hoy cuáles fueron las circunstancias reales por las que se redujeron los salarios en el Gobierno del Estado, lo cierto es, que la acción no ha caído bien entre aquellos que deben acatarla pero que a todas luces les ha generado un descontento real, y que advierten una falta de planeación financiera al interior de la propia administración.

Desde la barrera

Se anunció por parte del Ayuntamiento apizaquense la aplicación en próximos días del programa alcoholímetro para la Ciudad Rielera; tal circunstancia resulta plausible en un entorno dónde los vicios están dominando el actuar de los jóvenes. Esperemos que aquellos que serán los responsables de llevar a cabo dicho programa sean capacitados debidamente para que la corrupción y la extorción no manchen la buena intención del Ayuntamiento apizaquense.

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Vergüenza legislativa

En semanas anteriores fuimos partícipes de un gran número de actos lamentables en el seno del Congreso de la Unión; de igual forma, en la sesión maratónica del jueves pasado al interior del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y en los asuntos generales, diputados de PRI y PAN dieron muestra de su capacidad para ofender no solamente a sus compañeros legisladores, sino para opacar la función que les fue otorgada por parte de los ciudadanos.

Dichos acontecimientos que son una muestra del nivel político e ideológico que impera en la clase política, nos hacen reflexionar sobre el mejoramiento de éste poder público, responsable en la teoría de los pesos y contrapesos, de ser un equilibrio directo en contra de los actos del ejecutivo e impedir con ello el establecimiento de un régimen totalitario.

Bajo ésta perspectiva y ahora que también se encuentra la Reforma del Estado en un impasse legislativo, se deben tomar en cuenta la serie de agresiones, señalamientos, e injurias que bajo "el fuero" los legisladores pueden realizar para referirse a quién quieran y bajo las palabras que deseen.

Como parte de la Teoría Constitucional de la democracia representativa se considera que el Poder Legislativo es el responsable de representar, al menos en la Cámara Baja, la pluralidad ideológica que existe en determinado Estado, motivo por el cual se permite que sean ciudadanos, incluso sin alguna preparación, aquellos que puedan acceder a un puesto tan importante.

De esta manera, se permite construir una Cámara representativa de todas las clases sociales, sin mayor distingo que el de encabezar -al menos doctrinariamente- los intereses ciudadanos. Pero ¿Qué pasa cuando esa representatividad se lleva al extremo de denigrar y sobajar a un poder como el Legislativo?, ¿Resulta válido anteponer la pluralidad, frente a la capacidad legislativa?, ¿Es viable que las alusiones personales entre los legisladores se ventilen en la forma en que se realizan y que la tribuna legislativa, que fue concebida como palestra para el diálogo y la disertación, sea utilizada como herramienta para poner en entredicho la honorabilidad de las personas?

Sin duda, lo visto en San Lázaro y en la Legislatura Local la semana pasada constituye una serie de actos lamentables para nuestra sociedad y nos obliga a pensar en herramientas que permitan enarbolar la difícil tarea congresista. Demos paso a la reelección legislativa como mecanismo para que aquellos que dicen representarnos en una curul, rindan cuentas a la ciudadanía y no a aquellos a los que les deben algún favor o pleitesía.

En tanto no se logre dar paso a la reelección legislativa y limitar las candidaturas por representación proporcional, seguiremos siendo participes de actos tan grotescos como los señalados. Esperemos que el PRI, que dice ser el motor de un nuevo México, efectivamente no limite en el marco de la Reforma del Estado contar con un mecanismo eficiente para la profesionalización legislativa como lo es la propia reelección de diputados. Al tiempo.

Desde la barrera

Se comenta al interior de las diferentes dependencias el oficio signado por el Oficial Mayor de Gobierno respecto a la disminución salarial que sufrirán distintos niveles en la administración pública local. Tal acto no solamente es muestra clara de una falta de planeación presupuestal sino además es contrario a las propias leyes de Tlaxcala.

¿Por qué los jóvenes no se interesan en la política?

La semana anterior me refería a lo curioso que resultó la petición de algunos de los dirigentes estatales de los partidos políticos realizada al Instituto Estatal Electoral de Tlaxcala respecto de la generación de una campaña publicitaria para generar la participación del sector juvenil en la política, y en los procesos electorales. Dicha reunión, que por cierto no se produjo para generar acuerdos en beneficio de la población, o para establecer agendas comunes que permitan construir estrategias para resolver los problemas sociales; sino por el contrario, se llevó a cabo para reclamar, al responsable de organizar las elecciones en la Entidad, el pago de las cuotas partidistas que corresponden a las distintas instituciones políticas del Estado; es decir, aquello que los convocó fue pura y sencillamente el interés pecuniario, propio de nuestra clase política.

Pero lo anterior no debe sorprendernos pues no es una circunstancia novedosa, aunque, lo que si generó suspicacia fue lo expresado por los Presidentes Partidistas locales de PRI, PAN, PRD y PS, quiénes mostraron su desconocimiento sobre el hecho de que los jóvenes no se interesen por el acontecer social y la política. Por ello, resulta conveniente hacer una reflexión entorno a los motivos por los cuales a este sector de la población no le interesa el acontecer político de nuestro país y, por ende, de nuestro Estado.

El pasado 12 de agosto se celebró el Día Internacional de la Juventud, fecha que marcó el fin del Año Internacional de la Juventud impulsado por la Organización de Naciones Unidas; un periodo caracterizado por importantes movimientos sociales encabezados por jóvenes a nivel internacional: unos con objetivos claros, como fue la caída del régimen dictatorial egipcio y la fuerte influencia de éste sector en las redes sociales; otros con visos de hartazgo, como  el caso español, debido a la falta de oportunidades de empleo, y unos más cargados de violencia aparentemente irracional como podrían parecer las revueltas en Reino Unido igualmente por la falta de oferta de empleos bien remunerados.

Pareciera que no existe un hilo conductor de los acontecimientos ocurridos protagonizados por jóvenes en situaciones completamente disímbolas y en latitudes mundiales diversas. Lo que es seguro es que la población mundial, que en este año alcanzará los siete mil millones, tiene un importantísimo componente de juventud y, sin embargo, los espacios de toma de decisiones no son ocupados por este sector social, a pesar de ser los destinatarios de medidas que los afectarán en el corto, mediano y largo plazo; máxime cuando en apariencia el seño de la eterna juventud ha sido conseguido, al menos en las metáforas discursivas de la clase gobernante si observamos que sigue siendo un discurso recurrente el declarar la búsqueda constante de mejores oportunidades de desarrollo para este sector de la población, sin que se evalúen claramente los impactos que las decisiones tendrán en dicho sector, como una urgente necesidad que no podemos seguir esquivando.

Bajo este enfoque, los gobiernos a nivel mundial deberán de crear los espacios institucionales para la participación juvenil. Lo lamentable es que hasta hoy no hay un avance significativo en México; los movimientos juveniles en nuestro país son aislados y su representación es marginal, sobre todo si observamos que los mecanismos institucionales a nivel municipal, estatal y federal carecen de legitimidad.

En todos los órdenes de gobierno se ha fracasado por completo en articular un sistema integral de atención a la juventud y, las instancias encargadas del tema en todos los ámbitos de gobierno, funcionan de manera aislada y sin mayores alcances, ello sin tomar en cuenta la inexistente política de juventud a nivel local. Asimismo, el Congreso de la Unión ha sido incapaz de ofrecer un marco regulatorio que permita crear condiciones para avanzar en la materia y crear cursos de acción que resuelvan la diversidad de problemas que hoy les aquejan.

Los posicionamientos que los jóvenes tienen frente a los problemas actuales reflejan  su sentir. Recientemente y de acuerdo a la “Encuesta Nacional sobre Cultura Constitucional”, realizada por la UNAM, se dieron a conocer algunos datos alarmantes. Por ejemplo, la mayoría de jóvenes entre 15 y 29 años se manifiestan por la aplicación de la tortura y la pena de muerte para combatir la delincuencia organizada. Si a la juventud se le diera a elegir entre libertad y seguridad, ésta se inclina definitivamente por el goce de seguridad; incluso consideran los jóvenes como algo viable combatir a la violencia con violencia. Finalmente, nuestra juventud mexicana piensa que en el país, los postulados de la Constitución no se cumplen en nada y que es urgente un nuevo pacto social; además, de que señalan el amplio desinterés de los asuntos que se discuten en la Cámara de Diputados y Senadores, motivado fundamentalmente en el hecho de que los políticos, partidos y policías se sitúan en el ultimo nivel de su confianza.

En general, para nuestros gobiernos el Año Internacional de la Juventud transcurrió igual que cualquier otro año: muchos discursos vacíos, sin una preocupación real por las personas jóvenes, que están relegadas ante lo que consideran temas prioritarios en sus agendas generando en los jóvenes un descontento por la falta de empleos y acceso a la educación superior, situación que ha orillado a algunos de ellos a tomar el equivocado rumbo de la delincuencia como única ruta de progreso, olvidando como bien refiriera Jesús Reyes Heroles que “sé es joven cuando se quiere transformar y no conservar; cuando se tiene la voluntad de hacer y no de poseer; cuando se ve siempre hacia adelante y se cree todo posible”. Ese es el gran reto para la juventud, el incursionar de manera más activa para la solución de sus propios problemas, más que incentivar su interés a través de campañas publicitarias propias del consumismo característico del siglo XXI, como lo consideran los líderes políticos locales, se debe garantizar los espacios públicos a través de los cuales los jóvenes puedan expresar sus ideas y contribuir en la solución de los problemas que a ellos afectan de manera más directa. Al tiempo.

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La reeleccion legislativa

Ahora que Santiago Creel ha decidido dejar el Senado de la República para iniciar su campaña con miras a la Presidencia de la República, el inicio de la carrera hacia Los Pinos comenzará a marcar la pauta para las decisiones políticas de nuestro país, y se desarrollará en un México envuelto en la violencia y la apatía de los mexicanos por todo aquello que tiene que ver con cuestiones políticas. 

En ese sentido, particular atención merece la labor de la actual legislatura local, donde ha iniciado una serie de foros y consultas para tratar el tema de la llamada reforma electoral.

Así, el tercer foro sobre las adecuaciones normativas que permitan un proceso democrático más justo y equitativo se realizará el próximo jueves en la Ciudad de Apizaco, con la brillante participación de la politóloga Denisse Dresser, mujer caracterizada por criticar severamente el sistema político mexicano.

Dentro de las reflexiones que enmarcan esta serie de foros realizados por la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado, es necesario que se establezcan reformas que permitan recobrar la confianza de las instituciones y acercar a la clase política a los ciudadanos. Como parte de estos mecanismos, para mejorar el sistema político mexicano merecen particular atención las propuestas que se refieren a la reelección legislativa. Sin lugar a dudas, una medida como ésta, constituye para los mexicanos  una cuestión de enorme sensibilidad, pues a lo largo  de la historia de nuestro país, ha dado motivo a una serie de acontecimientos funestos para la nación.

Sin embargo, el tema de la reelección debe de separarse en dos sentidos: por un lado, la reelección del Presidente de la República, Gobernadores y Presidentes Municipales; y por el otro, la reelección de los miembros del Congreso de la Unión y de los legisladores de los Estados.

Por lo que se refiere a la reelección para el Poder Ejecutivo en cualquier nivel, ésta posibilidad resulta impensable, pues durante el desarrollo de nuestra nación se ha demostrado que la simple posibilidad para que una persona que ostenta el cargo de titular del Poder Ejecutivo pueda volver a ocuparlo, da paso a la tiranía y la dictadura. 

Aunque en otro sentido, la reelección para los legisladores puede tener tintes completamente diferentes. Respecto de ésta, mucho se ha debatido, pero poco se ha avanzado en su desarrollo. El hecho de que un legislador pueda contemplar la posibilidad para reelegirse en el periodo inmediatamente posterior, tendría enormes beneficios para el trabajo legislativo, la fiscalización y la creación de leyes; tareas fundamentales de los legisladores.

La continuidad en el trabajo legislativo permite tener legisladores más especializados, que se preocupen por hacer su trabajo diario en beneficio de su distrito y no por utilizar su puesto para catapultar su vida política hacia mejores horizontes, lo cual fomenta que tengan que responder a intereses distintos a los de la colectividad; generalmente a los intereses de partido.

Lo anterior da como consecuencia que la acción legislativa se desenvuelva más rápidamente y no se produzcan impasses legislativos, que lo único que generan es el estancamiento de leyes, muchas de las cuales son de enorme importancia para el crecimiento y desarrollo de la sociedad.

Asimismo, la reelección legislativa incrementa la relación entre gobernados y legisladores, pues éstos si buscan la reelección, tienen que dar resultados reales a los electores, para que estos fortalezcan la confianza en su representante y otorguen de nueva cuenta su voto. Dando así como resultado, legisladores profesionales de la tarea legislativa preocupados por atender los problemas de los electores que confiaron en ellos produciendo acciones efectivas y rindiendo cuentas claras a la ciudadanía con la única finalidad de seguir representando a ésta en próximos periodos.

Si bien es cierto, el tema de la reelección resulta complicado para todos los mexicanos, la realidad es que debe ésta analizarse a fondo porque bajo este mecanismo la rendición de cuentas por parte del poder legislativo sería más puntual, además de que podría validarse algo que normalmente en la práctica se da pero que a falta de mecanismos de fiscalización se vuelve en pura tiranía.

De esta manera no sólo se podría contar con un legislativo más capacitado y preparado, sino además, podríamos tener a diputados y senadores con una visión más ciudadana a la hora de discutir y en su caso, aprobar leyes que vayan en contra de los intereses de la colectividad.

                                                                                   

Acaso, ¿No es ya una práctica reiterada el que los mismos nombres aparezcan cada tres o seis años dentro de las listas como plurinominales?, ¿No es verdad que a pesar de no contar con reelección en nuestro país existen múltiples personajes que saltan de una curul a otra en cada proceso electoral?

Lo cierto es, que la reelección disfrazada de sistema plurinominal es ya una realidad en México, por lo que corresponde simplemente darle los tintes legales necesarios para que lejos de que se convierta en un mal pueda representar beneficios a aquellos que son los representados. Al tiempo.

 

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