Desde la existencia de la figura institucional del Estado moderno, mucho se ha discutido sobre los fines que éste debe tener en el marco de un sistema político. De todas estas discusiones se ha determinado que lo que al menos un Estado debe garantizar son tres cuestiones: la preeminencia de la ley, la seguridad para la población que lo integra y finalmente los servicios públicos que esta obligado a brindar.
Bajo las premisas anteriores debemos preguntarnos, ¿El Estado mexicano, mediante sus instituciones, su régimen político y su clase política garantiza la observancia de la ley?, ¿Brinda seguridad a los que se encuentran dentro de su territorio?, ¿Brinda servicios públicos de calidad a la población?.
Sin duda estas preguntas deben ser la clave a la hora de hablar de la eficacia y eficiencia del Estado mexicano, más allá, de si existe o no una democracia mexicana, si ésta es o no de calidad, si la figura presidencialista esta acabada, si es necesario o no que los legisladores deban reelegirse o bien si los checks and balances mexicanos están correctamente establecidos.
Y es que la semana anterior de nueva cuenta se dio prueba, una vez más –por desgracia de todos- que el Estado mexicano, ese que esta en boga presumir, enorgullecer y festejar a 200 años de su existencia, denoto sus debilidades, sus deficiencias y sobretodo sus incapacidades. Hablo del Estado en su conjunto sin importar la división que del poder se realiza.
La masacre –porque no puede denominarse de otra manera- que sufrieran 15 jóvenes cuyo único delito fue divertirse en una fiesta privada y ser habitantes de Ciudad Juárez, se convirtió peor que lo vivido por Cabañas, en una prueba real de lo que a diario se vive en esa Ciudad fronteriza, situación que ya es de alarmarse, pues tal pareciera que cualquier persona puede validamente transgredir la ley y no existe autoridad que pueda garantizar lo contrario.
Es decir que en esa parte del territorio mexicano y en muchas otras más, el Estado en su conjunto, es incapaz de cumplir y hacer cumplir la ley. Pero para nuestra desgracia las reacciones dan de que hablar más que la propia masacre de aquellos jóvenes.
Por principio de cuentas el Ejecutivo federal, tardó tres días en dar lo mínimo a las familias; el pésame. Pero señalando como puñalada a las familias ofendidas, que el acto era motivado por una disputa entre grupos de delincuentes. Por su parte el gobierno local, solo se dedicó a culpar y cuestionar la estrategia de la guerra contra el narco; ¿Y su responsabilidad ante sus electores?, ya ni del gobierno municipal se puede hablar, simple y sencillamente por qué este no existe.
Y paradójicamente en medio de esta lluvia de balas, corruptelas, complicidades e ineptitudes gubernamentales, se presentaron otras más en el centro del país; sí, en la zona donde la sucesión presidencial y las estrategias reales tienen única y exclusivamente que ver con el 2012.
Las lluvias que se presentaron a mitad de semana, se convirtieron de nueva cuenta en una herramienta para descalificar políticamente a los adversarios y en una guerra de declaraciones de todos contra todos; si se aviso o no al Gobierno del DF, si los responsables son los gobiernos locales, si no se puede contener semejantes lluvias, etc. Pura politiquería del más bajo nivel.
Lo cierto es que, de nueva cuenta, se mostró y demostró algo -que al menos los que hemos transitado por la zona sabemos- lo peligroso de que en pleno siglo XXI las aguas negras de la Ciudad de México, de la Capital del cacareado Estado mexicano del bicentenario, transiten abiertamente y por encima de la comunidad de Chalco y la autopista México-Puebla. ¿Qué nadie se ha dado cuenta que eso es una bomba de tiempo?, ¿Qué no saben que con cualquier lluvia fuerte de medio rango la Calzada Zaragoza se inunda completamente?, ¿Por qué lejos de solucionar la problemática solo se hacen descalificaciones para eludir la responsabilidad?, y peor aún ¿Dónde están, en medio de esta crisis poblacional, aquellos que lucharon con uñas y dientes por el poder y el presupuesto de Iztapalapa?. ¿Y los afectados a esos quien les va ayudar?, ¿Qué no es más importante invertir en la infraestructura subterránea que 17 mil millones para el tranvía del bicentenario en el zócalo capitalino?
La realidad es que muy a pesar de que la clase política se encuentre inmersa en su lucha para llegar a Los Pinos en 2012, debemos reflexionar sobre la necesidad de reformar al Estado, ese Estado que semana a semana, día a día da muestra de su fragilidad, de su fractura y de su incapacidad. Por desgracia para todos el Estado mexicano, más que una democracia, más que una republica, más que un presidencialismo, no es otra cosa que un Estado fallido, ¡bendito bicentenario!, ahora si tenemos razones para sentirnos orgullosos.
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