La semana pasada ya vislumbraba la problemática que enfrentaría con el paso de los días la administración estatal, derivada de la disminución de salarios que cientos de servidores públicos sufrieron por la instrucción girada a través de un documento signado por el Oficial Mayor de Gobierno, Ubaldo Velasco.
Tal acto tiene ciertas cuestiones que valen la pena tomar en consideración en estos momentos en que vivimos tiempos de fiesta y de orgullo tlaxcaltecas, derivados de “La Gran Feria Tlaxcala 2011”, y por la visita a nuestra Entidad del tenor más importante del mundo, Placido Domingo. Todo enmarcado en un clima de escases económica que permea, incluso, en las administraciones públicas.
El recorte presupuestal a las compensaciones de los funcionarios públicos estatales tiene, por principio de cuentas, un componente altamente contrario al marco jurídico, aquel al que todos los servidores públicos protestan guardar y hacer guardar cuando asumen su cargo.
La medida tomada por el Oficial Mayor se contrapone abiertamente a las leyes, principalmente, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala en su artículo 127 que las remuneraciones salariales de los servidores públicos, tanto de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y organismos autónomos, incluyendo en esto las compensaciones, son simple y sencillamente irrenunciables.
Lo anterior obliga a preguntarnos, ¿Acaso nadie dimensionó las consecuencias legales que una decisión de tales dimensiones implicaría? Y no me refiero a la posibilidad que tendrían los empleados públicos para demandar lo que a su derecho corresponda, sino por el contrario, el reconocimiento real y cierto de que las autoridades estatales pasan por alto el marco normativo a su libre albedrio.
Por otro lado, si nos enfocamos a la legitimidad social y política que dicha medida conlleva los resultados tampoco se tornan favorables para la actual administración. En primer plano, debemos considerar que de la Población Económicamente Activa del Estado de Tlaxcala, aproximadamente el 10%, labora para alguna dependencia de este índole, lo que demuestra que en nuestra Entidad gran parte de las personas en posibilidad de trabajar lo hacen en funciones propias de la Administración Publica.
De esta manera el impacto en la derrama económica local es inminente, pues al verse mermados los servidores públicos en una buena parte de sus ingresos, sus gastos en ciertos rubros deberán, por ende, disminuir. Ahí tenemos la escasa presencia de espectadores que han tenido muchos espectáculos de la feria como el palenque o los toros, dónde han sido evidentes las malas entradas. No olvidemos también lo que se vive, después del anuncio de la presentación de Placido Domingo, donde la necesidad para colocar boletos entre la gente, es una realidad.
Tales repercusiones sin duda impactarán en los terrenos de lo político, principalmente en el rubro de lo electoral, pues gran parte de los afectados con la medida se encuentran inconformes con la misma, incluso hacen evidente su reacción reduciendo sus rendimientos al más puro estilo de "a salario igual, trabajo igual".
Se desconoce al día de hoy cuáles fueron las circunstancias reales por las que se redujeron los salarios en el Gobierno del Estado, lo cierto es, que la acción no ha caído bien entre aquellos que deben acatarla pero que a todas luces les ha generado un descontento real, y que advierten una falta de planeación financiera al interior de la propia administración.
Desde la barrera
Se anunció por parte del Ayuntamiento apizaquense la aplicación en próximos días del programa alcoholímetro para la Ciudad Rielera; tal circunstancia resulta plausible en un entorno dónde los vicios están dominando el actuar de los jóvenes. Esperemos que aquellos que serán los responsables de llevar a cabo dicho programa sean capacitados debidamente para que la corrupción y la extorción no manchen la buena intención del Ayuntamiento apizaquense.
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